Estambul, nueva sede de la Supercopa de España por primera vez

La próxima edición del torneo contará con Real Madrid, Barcelona, Atlético y Real Sociedad y se celebrará del 2 al 7 de febrero en el estadio Olímpico Atatürk, tras el descarte de Arabia Saudí por su papel como sede de la Copa de Asia.

La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este jueves trasladar a Estambul la próxima edición de la Supercopa de España. Será la primera vez que la ciudad turca albergue el torneo, en el que el Barcelona defenderá el título conquistado este año en Yeda.

El campeonato, que reunirá al actual campeón, el Real Madrid, el Atlético y la Real Sociedad, se disputará del 2 al 7 de febrero de 2027 en el estadio Olímpico Atatürk. La decisión de celebrar allí los tres partidos —las dos semifinales y la final— se tomó después de que Arabia Saudí, sede del torneo desde 2020, quedara descartado al coincidir con la Copa de Asia, que se celebrará del 7 de enero al 5 de febrero.

La Federación, presidida por el dirigente gallego Rafael Louzán, indicó en un comunicado que se valoraron siete sedes en distintos puntos del planeta y que, tras un “periodo de trabajo y negociaciones”, la sede elegida fue Estambul. Además de Turquía, los países que se consideraron fueron Azerbaiyán, Qatar, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, China y Estados Unidos.

El texto de la RFEF añade que, con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, se garantiza la continuidad de los beneficios que genera el torneo y que tienen como destino “casi mil clubes” de todas las categorías del fútbol español, tanto masculino como femenino.

La RFEF también informó de que mantiene un contrato con la empresa pública saudí SELA para que Arabia Saudí albergue el torneo hasta 2030. De acuerdo con el organismo, la RFEF percibe unos 40 millones de euros cada año, ingresos que se destinan a sostener la pirámide del fútbol español.

En el mismo comunicado, se señala que la RFEF contó con la empresa SELA durante el proceso de selección de la ciudad sede. Asimismo, el texto menciona que el régimen saudí, junto con otras entidades como el fondo soberano PIF, Aramco o General Entertainment Authority, realiza inversiones millonarias vinculadas a la proyección exterior a través del deporte, práctica conocida como sportswashing, según denuncias reiteradas de asociaciones de defensa de los derechos humanos. Una investigación de la organización danesa Play the Game, publicada conjuntamente con EL PAÍS en diciembre de 2024, reveló que Riad tenía entonces 910 contratos en todo el mundo para mejorar la percepción exterior de la monarquía absoluta de los Saud.

La nota recuerda además que, en la Supercopa de 2025 celebrada en Yeda, aficionadas y familiares de los jugadores del Mallorca fueron acosados a la salida del estadio King Abdullah por hinchas saudíes tras su partido ante el Real Madrid. La RFEF abrió una investigación sobre lo ocurrido y las autoridades del país asiático pidieron disculpas. El Gobierno de Baleares remitió una queja formal a la RFEF por los “graves incidentes” e instó a “reconsiderar” la idoneidad de Arabia Saudí como anfitrión.

Una fuente de la RFEF defiende que “mil clubes del fútbol español” reciben ayudas cada año con cargo a los ingresos generados por la Supercopa y sostiene que esos ingresos se mantendrán gracias al acuerdo para celebrar la Supercopa 2027 en Estambul y a la continuidad del torneo en Arabia Saudí a partir de 2028.

La de Estambul será la séptima ocasión en la que el torneo se dispute fuera del territorio nacional. La primera fue en 2020, después de que Luis Rubiales, entonces al frente de la Federación, firmara un contrato con las autoridades saudíes para el traslado, con la participación también del exfutbolista Gerard Piqué —aún en activo entonces— a través de su empresa Kosmos.

En el plano judicial, la justicia española mantiene abierta una pieza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) sobre supuestas irregularidades relacionadas con el acuerdo. El caso forma parte de la llamada Operación Brodie, vinculada a una presunta trama ilegal en el seno de la Federación liderada por Rubiales, a quien se atribuyen delitos de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales. Piqué, cuya compañía cobró una prima de cuatro millones de euros anuales —24 en total por los primeros seis años—, también está imputado y declaró en marzo de 2025 ante el juzgado.

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