Transparencia y Democracia en el Deporte presenta una querella contra Juanfran Pérez Llorca por la invitación de la RFEF a la final del Mundial en Nueva Jersey

Miguel Galán impulsa la denuncia ante el TSJCV contra el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, por un presunto delito de cohecho pasivo impropio e incluye a Marisa González, jefa de gabinete del presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presentó este martes una querella criminal ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El procedimiento se dirige a raíz de la invitación que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le cursó para asistir a la final del Mundial, celebrada en Nueva Jersey (EE UU).

La querella sostiene que “el valor indiciario de la localidad se sitúa según tarifa oficial de venta entre 3.560 y 7.386 euros con precios dinámicos y de mercados secundarios superiores”. Con ese planteamiento, considera que “concurren indicios racionales de que dicha ventaja patrimonial pudo ser ofrecida y admitida en consideración al cargo o función del receptor”, lo que, a juicio del escrito, podría encajar en delitos de cohecho pasivo impropio (artículo 422 del Código Penal) y de cohecho activo (artículo 424), sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción.

El escrito también incluye a Marisa González, directora del gabinete del presidente de la RFEF, Rafael Louzán. A González se le atribuye además actuar como “asesora de comunicación del presidente de la Generalitat”, y por ello se le acusa de un delito de cohecho activo “por ofrecer o entregar la dádiva a la autoridad”. La querella indica que no consta una relación contractual de González con la Generalitat ni con Pérez Llorca. No obstante, señala que la ex jefa de gabinete de la presidenta madrileña entre 2015 y 2018, Cristina Cifuentes, también del PP, asesoró puntualmente al presidente del Consell en algunos asuntos.

Desde que trascendió el viaje de cuatro días de Pérez Llorca a EE UU, acompañado por su secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, para presenciar la final España-Argentina del 19 de julio, el presidente ha defendido que tanto el desplazamiento como la estancia fueron sufragados “de su bolsillo” al tratarse de un desplazamiento “privado”. Ordaz respaldó esa versión y reconoció, además, que la Federación Española “tuvo la deferencia” de invitarle con una entrada, “como ha hecho con otras personas”. No se informó de la asistencia de otros presidentes autonómicos a la final. Pérez Llorca, con la camiseta de España, difundió mensajes en redes sociales desde el estadio y celebró especialmente el gol del valenciano Ferran Torres.

Tras las críticas en Les Corts por parte de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, que calificaron la invitación de “cohecho pasivo impropio” y reclamaron conocer los costes del viaje, la RFEF trasladó el 21 de julio que Pérez Llorca y Ordaz se interesaron por comprar entradas y que la entidad optó por extenderles invitaciones. La federación explicó que ese procedimiento se habría aplicado “con otras personalidades, políticos, periodistas, diplomáticos, exjugadores o actores, sin distinción ideológica” y en el marco de sus competencias como organización privada, afiliada a la FIFA y organizadora del Mundial.

Presidencia de la Generalitat señaló a este periódico que no tiene nada que decir sobre la querella presentada. Marisa González no contestó al mensaje remitido por este diario hasta el momento.

La querella, presentada en el TSJCV al estar Pérez Llorca aforado, subraya que “la naturaleza jurídico-privada de la RFEF, invocada por dicha entidad para rehusar dar explicaciones”, no excluye la relevancia penal de los hechos, sino que “la presupone”. El escrito añade que la federación “ejerce, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo y percibe financiación pública”, lo que refuerza, según la denuncia, la exigencia de objetividad y transparencia en sus atenciones a las autoridades.

La denuncia, con 26 páginas, recoge que los presupuestos de la Generalitat para este año consignan “dos ayudas directas a la RFEF por importe de 45.000 euros cada una -90.000 € en total- destinadas a la organización de la Supercopa Femenina de Fútbol en Castellón y al partido de clasificación de la selección femenina para el mundial 2027”. También menciona que, hace cinco días, la Generalitat dio a conocer que durante 2026 invertirá 1,6 millones de euros en ayudas a clubes y deportistas valencianos en general. Según el texto, existen diferentes líneas de apoyo a distintas federaciones, especialmente a las territoriales.

La asociación que preside Galán no dirigió finalmente la querella contra Rafael Louzán, pese a que en el burofax enviado la pasada semana a la RFEF se avanzaba que se requería información sobre la entrada a la final y se anunciaba la denuncia interpuesta ahora. En la denuncia se indica que su declaración “se interesa en calidad de testigo”.

En términos procesales, la mayoría de las querellas suelen ser admitidas a trámite si no presentan defectos de forma. Fuentes del TSJCV apuntan que resulta difícil que el tribunal se pronuncie sobre este trámite al ser agosto un mes inhábil, salvo que se trate de una cuestión urgente y de máxima relevancia.

Miguel Galán, propietario de la escuela de entrenadores Cenafe, es un nombre conocido en el ámbito del fútbol y en la presentación de querellas. En 2017 presentó una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) contra Ángel María Villar por vulnerar la neutralidad en el proceso electoral, lo que terminó con los 30 años del dirigente bilbaíno al frente de la RFEF. También logró vetar a uno de los árbitros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que era socio del abogado de Luis Rubiales, en el proceso sobre el beso a Jennifer Hermoso, entre otros pleitos.

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