COI advierte a Ecuador por la intervención del COE y amenaza con suspender su reconocimiento

El Comité Olímpico Internacional cuestionó la intervención del Comité Olímpico Ecuatoriano dispuesta por el Gobierno y pidió la reconsideración, al señalar que no reconoce la figura de una “interventora” y que podría aplicar sanciones bajo la Carta Olímpica.

La relación entre el deporte ecuatoriano y el Comité Olímpico Internacional (COI) atraviesa un momento de tensión tras la intervención del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) ordenada por el Gobierno de Ecuador.

El COI emitió una advertencia formal al Ejecutivo ecuatoriano mediante una misiva con fecha del 17 de junio de 2026. En el documento, el organismo expresó su profunda preocupación y advirtió sobre severas sanciones, incluida la prohibición de que la delegación nacional participe en competencias correspondientes al ciclo olímpico.

El conflicto se originó el 15 de junio de 2026, cuando el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura —bajo el liderazgo del viceministro Roberto Xavier Ibáñez Romero— dispuso la intervención temporal del COE. El Gobierno sustentó la medida en la supuesta falta de directorio legalmente registrado y vigente. De acuerdo con las autoridades estatales, la reelección de Jorge Delgado en mayo de 2025 habría vulnerado el artículo 151 de la Ley Orgánica del Deporte, debido a su permanencia previa en directorios anteriores.

Con esa postura, el Ejecutivo afirmó que se generó un vacío institucional. Para regularizar la entidad y encaminar un proceso hacia nuevos comicios, nombró a Noelia Carolina Caicedo como interventora y representante legal temporal.

La respuesta internacional llegó con un pronunciamiento dirigido a la ministra Gilda Natalia Alcívar García, firmado por James Macleod, director de Relaciones de los Comités Olímpicos Nacionales del COI, y Neven Ilic, presidente de Panam Sports. En el texto, la intervención fue calificada como una injerencia del Estado y una violación de la Carta Olímpica, específicamente a los principios de autonomía que rigen al movimiento.

El COI también dejó claro que no reconoce a la “interventora” designada por el Gobierno. Asimismo, recordó que existe un único Comité Olímpico Nacional legítimo por país y que ninguna entidad externa tiene facultades para alterar su liderazgo, usar los símbolos olímpicos o atribuirse la representación del deporte ante el mundo.

Ante esta situación, el COI exhortó a Ecuador a reconsiderar la medida administrativa. En caso de no hacerlo, advirtió que el Comité Ejecutivo del COI aplicará medidas protectoras bajo la Regla 27.9 de la Carta Olímpica, una disposición que permite suspender o retirar el reconocimiento al COE cuando existan actos gubernamentales que obstaculicen su voluntad autónoma.

El viceministro Roberto Ibáñez respondió que el Gobierno no interferirá en la autonomía del deporte del país, pero señaló que tampoco tolerará que se vulneren las leyes ni que se afecte el futuro de los deportistas. En ese marco, indicó que cuenta con el respaldo de las federaciones deportivas.

La crisis administrativa genera incertidumbre para los atletas de alto rendimiento. Si se concreta una suspensión internacional, Ecuador quedaría fuera de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El COI advirtió que ninguna delegación bajo la bandera tricolor podrá inscribirse en estos eventos si persiste el desacuerdo legal.

Aunque el Viceministerio del Deporte sostiene que la asignación presupuestaria para las federaciones por deporte está garantizada y fuera de peligro, el organismo internacional considera inminente el bloqueo a la participación internacional si se vulnera la autonomía olímpica.

El COI expresó su expectativa de que una reunión entre José Delgado y el Gobierno Nacional permita encontrar alternativas que respeten tanto las leyes nacionales como los preceptos internacionales, antes de que el daño al deporte ecuatoriano sea irreversible.

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