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Ecuador afronta una crisis olímpica: intervención del COE y vacíos legales en 23 federaciones
A menos de dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la intervención del Comité Olímpico Ecuatoriano por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura activó alertas del COI y de Panam Sports por una presunta vulneración a la autonomía del movimiento olímpico. Paralelamente, 23 de 46 federaciones nacionales presentan conflictos administrativos o vacíos legales.
Jefferson Pérez, dirigente del COE, junto a Jorge Delgado, presidente, durante una rueda de prensa en Guayaquil, el 28 de abril de 2026.
A menos de dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el deporte ecuatoriano atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de las últimas décadas.
La intervención del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura encendió las alertas del Comité Olímpico Internacional (COI) y de Panam Sports por una “vulneración” del principio de autonomía del movimiento olímpico.
De mantenerse este escenario, Ecuador podría enfrentar una suspensión por parte del COI, una medida aplicada previamente a otros países cuando se determinó injerencia estatal en organismos olímpicos.
El antecedente más cercano es el Comité Olímpico de Guatemala, que estuvo suspendido de funciones desde octubre de 2022, después de que la Corte Constitucional del país anulara una parte de sus estatutos. En marzo de 2024, el COI levantó provisionalmente la suspensión, permitiendo que sus atletas compitieran en los Juegos de París y en el resto de eventos representando a su país y con sus símbolos nacionales.
Para John Zambrano, secretario general del COE, el principal riesgo no está en la disputa jurídica, sino en las consecuencias deportivas. “Los que salen perdiendo son todos los atletas. Nosotros hemos sido muy serios en el manejo del alto rendimiento. Nunca se ha escuchado que el COE le deba dinero a un deportista o que interfiera en las elecciones de una Federación”.
El origen del conflicto
El 5 de mayo de 2025, Jorge Delgado fue reelecto como presidente del Comité Olímpico junto a Jefferson Pérez, como vicepresidente. Delgado buscaba su segundo mandato al frente del organismo, para el período 2025-2029.
En esa elección, Delgado alcanzó 37 votos a favor y superó a Roberto Ibáñez (por entonces presidente de Fedeguayas), quien obtuvo 33 votos. El proceso fue avalado por un miembro del Comité Olímpico Internacional y un asesor jurídico de la Organización Deportiva Suramericana.
A pesar de ello, el directorio del Comité no fue registrado por el Viceministerio (antes Ministerio) del Deporte debido a “inconsistencias” durante el proceso electoral.
El 4 de diciembre de 2025 finalizó el primer mandato de Delgado y, según el Viceministerio, desde ese momento el COE se encuentra en acefalía.
Roberto Ibáñez, actualmente viceministro del Deporte y delegado por el presidente Daniel Noboa, explicó que Delgado no debió ser reelegido. Su argumento se basa en el Artículo 151 de la Ley del Deporte, que establece que los directivos pueden optar por reelección inmediata una sola vez, y que para una nueva postulación debe transcurrir mínimo un período; además, bajo ninguna figura puede integrarse un cargo directivo en el organismo sin haber transcurrido al menos un período desde la finalización del cargo.
Ibáñez también recordó una consulta que el Ministerio del Deporte realizó a la Procuraduría General del Estado en octubre de 2023, aclarada con el siguiente pronunciamiento: “Un miembro del directorio que ya haya ejercido como tal en dos períodos consecutivos, bajo ninguna figura podrá integrar ningún cargo directivo en el organismo sin que haya transcurrido al menos un período desde la finalización de su cargo”.
Desde el COE, en cambio, sostienen que la elección del directorio de Jorge Delgado cumplió con la Ley del Deporte y contó con aval del Comité Olímpico Internacional. Además, señalan que se apoya en el Artículo 71 del Reglamento a la Ley del Deporte, vigente desde 2020. Ese artículo indica que “solo al presidente del organismo o al dirigente que pretenda optar por reelección a la misma dignidad aplica el Artículo 151 de la Ley del Deporte (...) Así, un vicepresidente, aunque haya sido reelecto en este cargo, puede candidatizarse a presidente de la entidad y lo mismo aplica para las demás dignidades”.
Un ciclo olímpico en riesgo
En septiembre próximo se disputarán los Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Estas competencias forman parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que cualquier retraso institucional afecta la planificación deportiva.
Aunque una posible suspensión del COI no impediría necesariamente la participación de los deportistas, sí alteraría el escenario. “Los atletas seguirían participando, pero bajo la bandera olímpica. Las medallas ya no serían para Ecuador. Sería una vergüenza para el país”, advirtió John Zambrano.
En ese contexto, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura dispuso la intervención temporal del Comité Olímpico Ecuatoriano el 15 de junio de 2026. Para ello designó a Noelia Carolina Caicedo como representante legal provisional por 180 días, por un vacío administrativo y la falta de registro de la directiva de Jorge Delgado.
Noelia Caicedo mantiene comunicación con Neven Ilic, presidente de Panam Sports y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. De acuerdo con el secretario general del COE, Neven Ilic es quien realiza las conversaciones con las autoridades ecuatorianas para buscar una salida al conflicto y transmitir las posiciones del movimiento olímpico frente a la intervención.
Actualmente, no existen conversaciones entre el directorio de Jorge Delgado con la interventora ni con el Viceministerio del deporte. “Si me preguntan qué va a pasar, honestamente no lo sé”, señaló Zambrano.
La otra crisis: la mitad de las federaciones con problemas
Más allá del conflicto entre el COE y el Gobierno, el deporte ecuatoriano enfrenta un problema estructural. Según información proporcionada por el Comité Olímpico, de las 46 federaciones deportivas nacionales existentes, 23 presentan conflictos administrativos o vacíos legales.
“¿Cómo llevas adelante el deporte si la mitad de las federaciones está en problemas? Así no se puede trabajar”, afirmó John Zambrano en una entrevista con PRIMICIAS.
De acuerdo con el planteamiento expuesto, las disputas por los directorios, los procesos electorales inconclusos y los vacíos legales generan inestabilidad e incertidumbre que impacta directamente la planificación del alto rendimiento.
Un conflicto que trasciende la dirigencia
En el olimpismo mundial existe un principio considerado innegociable: la autonomía de los comités olímpicos nacionales frente a cualquier intervención gubernamental.
Por esa razón, el desenlace del caso ecuatoriano no dependerá únicamente de los procesos administrativos internos ni de decisiones judiciales nacionales, sino también de la evaluación que realice el Comité Olímpico Internacional sobre el alcance de la intervención.
Mientras ese pronunciamiento no llegue, el deporte olímpico ecuatoriano permanece estancado. En ese escenario, el principal desafío es que Ecuador llegue a los Juegos de Los Ángeles con un sistema deportivo estable y sin poner en riesgo la participación de los atletas.
PRIMICIAS se contactó con el departamento de prensa del Viceministerio del Deporte para obtener el teléfono y la versión de la interventora Noelia Caicedo, pero no fue posible obtener una respuesta.
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