Un agujero de 150.000 euros y fallos de control: las claves del caso Carlos Sala en el Consell Esportiu del Barcelonès Nord

El Consell Esportiu del Barcelonès Nord (Cebnord), que impulsa el deporte escolar en Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià, afirma que las irregularidades en la gestión del exatleta olímpico Carlos Sala se detectaron tarde, cuando el impacto ya estaba hecho y la situación financiera del organismo se había vuelto “crítica”.

El Consell Esportiu del Barcelonès Nord (Cebnord) ha identificado un agujero de 150.000 euros que presuntamente dejó el exatleta olímpico Carlos Sala durante su etapa como responsable de una entidad dedicada al deporte escolar. El descubierto llegó cuando el daño ya estaba producido y el organismo había entrado en situación “crítica”, en un contexto en el que el Consell, sostenido principalmente por subvenciones públicas, busca mantenerse a flote para asegurar la actividad deportiva en las escuelas de Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià.

Sala, de 66 años, es uno de los atletas españoles con más participaciones olímpicas, con cinco consecutivas. Especializado en los 110 metros vallas, se retiró tras no lograr la clasificación para los Juegos de Sídney 2000, aunque continuó vinculado al deporte. Primero trabajó en una empresa de eventos deportivos y después ocupó el cargo de secretario técnico del Consell durante 15 años. En agosto, tras detectarse presuntas irregularidades durante su gestión, fue despedido por motivos disciplinarios.

De acuerdo con el Consell, existió un “exceso de confianza” hacia Sala, atribuido a su prestigio como atleta y a su imagen de persona seria. Con el paso del tiempo, esa confianza habría crecido hasta el punto de que, según esa versión, Sala llegó a considerar la gestión como algo propio. La explicación financiera a la junta directiva y a la asamblea se realizaba de forma limitada: una vez al año, Sala presentaba a grandes rasgos los números del ejercicio. La junta directiva, integrada en su mayoría por responsables públicos de los tres ayuntamientos, se reunía aproximadamente una vez al año y no tenía una función “operativa”, por lo que el funcionamiento quedaba muy ligado a la dirección de Sala.

Aunque existían estructuras como la asamblea y la junta directiva, la dirección operativa del Consell recaía en Sala por su condición de secretario técnico. En el expediente disciplinario abierto, se le atribuye que era el máximo responsable de la “dirección, coordinación y seguimiento técnico” de la actividad deportiva y, además, del “controlar la ejecución económica”. El Consell prevé llevar el caso a la vía penal por actuaciones presuntamente “fraudulentas”, que incluirían contrataciones ficticias, gastos personales en restaurantes o tiendas cargados al organismo y aumentos de sueldo injustificados.

Ese “exceso de confianza” se relaciona, además, con una laxitud en el control financiero del Cebnord. El organismo no cuenta con una auditoría que fiscalice sus números. Según el burofax enviado a Sala, la contabilidad dependía de un contable externo, pero “las personas que llevaban la contabilidad no fiscalizaban los gastos”. En esa línea, se plantea que resultaba “muy difícil” que los miembros de gobierno detectaran ciertos gastos, al quedar “difuminados entre muchos otros”. Entre los hechos mencionados en el expediente, se señalan compras de objetos presuntamente destinados al disfrute personal de Sala, abonadas con la tarjeta del Consell, de la que era el único usuario.

La primera señal económica relevante llegó en el ejercicio 2023-24, cuando la entidad privada sin ánimo de lucro, que se nutre sobre todo de ayudas públicas (municipales, provinciales y de la Generalitat) al ofrecer un servicio público, registró pérdidas de 55.000 euros. Sala atribuyó la situación a un problema con la subvención del Ayuntamiento de Badalona. Posteriormente, la auditoría habría determinado que no se había entregado la documentación exigida por el consistorio y que, ya en 2025, ni siquiera se solicitó la ayuda. De ese último ejercicio no habría datos publicados en la web, pero fuentes del Consell señalan que las pérdidas se intensificaron y superaron los 100.000 euros.

En enero de 2026, el teniente de alcalde de Sant Adrià Hugo Ferrer asumió la presidencia del Consell. A partir de ese momento se inició una revisión interna centrada en gastos y facturas. Con el acceso a las claves de la cuenta corriente en mayo, el Consell pudo precisar el alcance del agujero atribuido a Sala, que cifra en 150.000 euros. La situación de tesorería se considera “crítica”, aunque el organismo asegura que trabaja en la búsqueda de financiación y que los puestos de trabajo, así como la actividad escolar de este curso, están garantizados.

Consultado por este diario, Carlos Sala no se pronuncia sobre los hechos que se le imputan. Sí sostiene que la junta directiva estaba “al día” con los números, en el sentido de que él aportaba las explicaciones correspondientes. Además, ha presentado una demanda laboral por el impago de nóminas de seis meses; el acto de conciliación se celebra este jueves. En el marco del procedimiento, reclama también la devolución íntegra de un préstamo que, según su versión, hizo a su nombre para sufragar actividades de la entidad.

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