Coventry elimina doce comisiones del COI y sustituye el modelo por grupos temporales

Kirsty Coventry suprimió doce comisiones del COI en el marco del proceso Fit for the Future y anunció su reemplazo por grupos de trabajo ad hoc. La medida se justifica por eficiencia, pero el cambio plantea dudas sobre el procedimiento democrático, la oportunidad y la transparencia.

El 16 de octubre, en el marco del proceso Fit for the Future, Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, comunicó tras meses de espera la supresión de doce comisiones del COI. En su lugar se crearán grupos de trabajo constituidos ad hoc, con mayor flexibilidad y sin vocación de permanencia.

La decisión, en términos formales, encaja dentro de las competencias de la presidenta: el artículo 21 de la Carta Olímpica le reconoce la prerrogativa de organizar la estructura de comisiones. Sin embargo, el texto señala que la legalidad no equivale necesariamente a legitimidad bajo los estándares de buen gobierno establecidos por el propio COI. En ese marco, se considera especialmente relevante el modo en que se adopta la reforma y las implicaciones que tiene para la confianza de los miembros y la transparencia del proceso decisorio.

Con la medida desaparecen, de manera inmediata, comisiones como las de Igualdad de Género e Inclusión, Entorno de los Atletas, Sostenibilidad y Patrimonio, Educación Olímpica, Derechos Humanos y Tecnología e Innovación, entre otras. Se trata de ámbitos desde los que el Movimiento Olímpico busca dar contenido institucional a valores que el organismo proclama. El documento critica que la supresión se produzca sin ofrecer a la Asamblea la posibilidad de pronunciarse previamente. Al tratarse de un órgano que expresa la pluralidad democrática del COI, la ausencia de deliberación previa se presenta como un punto especialmente inquietante.

El primer cuestionamiento es el relativo al procedimiento: prescindir de la Asamblea en una reforma de este calado se interpreta como una señal de poca o nula confianza en la deliberación que debería sostener cualquier decisión de gran importancia dentro del COI. El segundo argumento es de oportunidad. La supresión llega en un momento especialmente controvertido para las políticas del COI, citando como ejemplo la reintroducción del cribado genético como requisito para acceder a las categorías femeninas de las competiciones olímpicas, aprobada por el COI en marzo. Frente a esa medida, las comisiones de Igualdad de Género e Inclusión y de Derechos Humanos habían expresado críticas y reservas. En el texto se subraya que la desaparición de algunos de esos foros se produce apenas siete meses después, planteando dudas sobre si se trata de una coincidencia o de una forma de acallar discrepancias.

También se cuestiona el impacto sobre la Comisión de Sostenibilidad y Patrimonio. Se destaca que esta comisión ha desarrollado una labor relevante para garantizar la sostenibilidad y la reutilización de instalaciones creadas con ocasión de los Juegos. El artículo recuerda el problema de estadios y villas olímpicas abandonados tras el evento y la lógica de infraestructuras levantadas para unas semanas y luego deterioradas, con beneficios para unos pocos y perjuicios para la población de las ciudades anfitrionas. Por ello, se considera desfavorable que esa vigilancia institucional pase a depender de grupos temporales, sin continuidad ni memoria, y con potenciales intereses impropios.

El tercer motivo señalado es la transparencia. Aunque se reconoce que las comisiones permanentes tenían defectos, se afirma que sus integrantes eran conocidos, sus mandatos estaban definidos y su actuación podía ser examinada. En cambio, los grupos de trabajo ad hoc se constituyen y se disuelven a discreción. Se plantean preguntas básicas de buen gobierno: quiénes integrarán esos grupos, con qué criterios serán seleccionados, a qué intereses representan y ante quién deberán responder. El texto sostiene que, por el momento, no hay respuestas.

El artículo añade que la presidenta Coventry busca marcar distancia respecto a la etapa anterior. Se menciona que la presidencia de Bach, con sus limitaciones, había favorecido un estilo más orientado al consenso, citando la incorporación de «juntos» al lema olímpico como gesto simbólico. Frente a ello, se critica que la nueva presidencia opte por decisiones unilaterales y con falta de transparencia, en contravención del mandato de la Carta Olímpica en un momento en el que la rendición de cuentas resulta especialmente necesaria.

Como ejemplo de ese enfoque, se menciona el “marco para una inteligencia artificial «confiable» en el movimiento olímpico”, cuya elaboración se encargó a la consultora Deloitte. El documento, publicado a finales de septiembre, se describe como una transferencia al deporte de recomendaciones ya formuladas por la misma firma en otros sectores, sin originalidad y sin referencias a la especificidad del deporte defendida por el COI. Además, se señala que las recomendaciones sobre el uso de la IA en el deporte quedan por debajo de lo exigido por la actual AI Act de la Unión Europea. En ese contexto, se subraya que la Comisión de Tecnología e Innovación, que habría podido aportar análisis y seguimiento, dejó de existir.

El texto concluye que Coventry ha iniciado su mandato con determinación y decisiones de gran alcance. Esa determinación, se indica, sería positiva si viniera acompañada de transparencia y rendición de cuentas, pero se transforma en un problema cuando se ejerce al margen de los órganos democráticos y de manera opaca. La conclusión es que el COI podría estar configurando un núcleo reducido de decisión con escaso interés por el buen gobierno y la transparencia, junto con un modelo de grupos de especialistas cuya composición e intereses se desconocen, pero que acabarían fijando reglas que afectan a atletas, federaciones y ciudades.

Finalmente, se afirma que el Olimpismo debe renovarse de forma constante, pero sin abandonar los valores fundamentales de su misión educativa y de su papel como garante de la paz, la igualdad, los derechos humanos y la sostenibilidad del deporte olímpico.

Alberto Carrio Sampedro es Profesor de Filosofía del derecho, Filosofía, Ética y Derecho del deporte en la Universidad Pompeu Fabra.

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